La ONU dictamina contra el Estado español en materia de desahucios

En El Candelero (RVK, 107.5 FM) hablamos con Javier Rubio (abogado de CAES y PAH) sobre la sentencia de la ONU contra el Estado español en materia de desahucios.

En pleno verano recibimos la noticia de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de la ONU se pronunciaba contra el Estado español por el desalojo de la familia con dos niños pequeños en Madrid. Aquello ocurría en 2013, cuando la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, había vendido vivienda pública a fondos buitre, mientras que familias como la de Mohamed, eran desahuciadas. Una sentencia que tiene gran importancia a la vista de las consecuencias que ya empezamos a ver. Javier Rubio, abogado de CAES y PAH, es el abogado responsable de esta denuncia ganada ante la ONU.

Para que no se vuelva a repetir una situación como la vivida por la familia de Mohamed, el CDESC de la ONU emite unas recomendaciones, recordando al Estado que “tiene la obligación de proporcionar a los una reparación efectiva” y cuestionando la venta de vivienda pública (recordemos la venta de vivienda pública a fondos buitre del gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid). Termina exigiendo al Estado español la presentación ante el Comité, en un plazo de seis meses, de una respuesta por escrito, que incluya información sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité. El dictamen afecta a todas las administraciones, lo que supone que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos, deben también cumplirlo y diseñar un plan en seis meses. Y algo empieza a moverse porque precisamente la pasada semana la agencia municipal de vivienda del ayuntamiento de Madrid ha anunciado que paraliza provisionalmente los desahucios que tenía previstos. Una buena noticia, aunque la medida sea provisional y limitada.

Todo esto puede ser un buen precedente para que pueda prosperar la ILP de vivienda en la Comunidad de Madrid, y para que otros municipios de la región tomen medidas concretas y efectivas para mostrar su compromiso con el derecho a la vivienda, ¿podremos ver algún movimiento más en esta dirección en los próximos meses?

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