Plataforma Ciudadana ILA Escolarización Inclusiva[1]

     ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Hasta qué punto se puede considerar inclusivo el sistema educativo de la Comunidad de Madrid? ¿Es lo mismo integración que inclusión? ¿Cuáles son los efectos de la segregación escolar en nuestros barrios? Con estas cuestiones como punto de partida varios colectivos sociales de las localidades del sur de la Comunidad de Madrid se pusieron a trabajar hace año y medio en un proyecto de cambio educativo. Se trataba de generar el mayor movimiento social posible a favor de la equidad educativa y la herramienta que se  puso en marcha fue una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) que llevase hasta la Asamblea de Madrid de forma consensuada por la comunidad educativa las medidas fundamentales para una escolarización inclusiva.

      A través de un largo e intenso proceso de asambleas en innumerables barrios y localidades, se ha construido un texto legislativo muy solvente, se ha conseguido aglutinar a más de doscientas asociaciones y colectivos para impulsar esta propuesta y, además, se ha aprobado en los plenos municipales de treinta y cinco ayuntamientos madrileños que representan a más de cinco millones de personas.

¿Qué es la educación inclusiva?

La educación de calidad: excelencia y equidad

El derecho a la educación es mucho más que poner una silla delante de una pizarra. Requiere asegurar la calidad educativa para todas las personas en todos los procesos educativos buscando la equidad. Hablamos entonces de educación inclusiva.

En primer lugar es necesario subrayar que la educación inclusiva no es una moda, ni un principio teórico, es un derecho reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.  Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico esta convención está por encima de las leyes orgánicas de educación. En este punto hay que agradecer al movimiento social de las personas con diversidad funcional esta conquista legal, pero hay que señalar que será toda la sociedad la que se beneficie del reconocimiento de este derecho.

Como concepto, la educación inclusiva supone entretejer en los centros educativos con la máxima calidad tres aspectos fundamentales: presencia, participación y logros. Hablar de presencia de la diversidad en las aulas requiere que las escuelas sean un reflejo de la realidad social del barrio y, por tanto, conseguir que todas las personas tengamos derecho a escolarizarnos en escuelas comunes y se evite cualquier tipo de segregación. Educarse en un ambiente diverso no es un beneficio exclusivo para el alumnado vulnerable, sino para todo el conjunto.

Por su parte, asegurar la plena participación requiere generar culturas y entornos escolares amigables donde todas las personas puedan ser acogidas y convivir con el máximo reconocimiento y valoración independientemente de sus características diversas o precisamente por ellas.

Pero el derecho a la educación estaría mermado si no hablásemos de logros educativos. La educación inclusiva parte de la base de que todas las personas pueden aprender y tienen derecho a recibir una educación de calidad que les permitan alcanzar el máximo desarrollo posible en todas las capacidades que conforman su personalidad.

Como queda claro, el derecho a la educación inclusiva no es otra cosa que la formulación actual del propio derecho a la educación haciendo hincapié en la garantía universal del mismo para toda la población.

¿Cuál es la realidad de nuestro entorno?

Barreras en el sistema

La realidad de muchas personas en la Comunidad de Madrid es que encuentran demasiadas barreras para disfrutar plenamente de su derecho a la educación. Algunas de estas barreras ya aparecen en la propia planificación del sistema educativo y en los momentos preliminares a la escolarización.

Los análisis que hemos realizado basándonos en los datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización de Fuenlabrada, Móstoles, Madrid, Alcalá de Henares, Parla, Aranjuez y Getafe evidencian una situación alarmante en cuanto a inequidad del sistema educativo.

En primer lugar, no todos los centros sostenidos con fondos públicos acogen por igual a las poblaciones más vulnerables. Existen enormes diferencias incluso dentro de un mismo barrio. Aunque hay excepciones, existe un patrón de segregación de alumnos con necesidades educativas especiales en función del tipo de centro y este patrón se repite en las localidades estudiadas. Por si esto fuera poco, cuando cae la demanda de plazas escolares por motivos demográficos, son los centros con mayores tasas de alumnado con necesidades educativas especiales los que se contemplan prioritariamente para el cierre de aulas.

La situación en cuanto a segregación escolar es muy alarmante y ya en el propio informe PISA 2012 la Comunidad de Madrid aparecía como una de las regiones de Europa con menores índices de inclusión social en la escuela de todas las que se evalúan en dicho informe. Pero aún es más preocupante el hecho de que la tendencia sea al alza, ya que este indicador ha aumentado en la actualización 2015 del mencionado informe PISA.

El hecho de que el grado de inclusión del sistema educativo sea cada vez menor hace que la situación de todos los colectivos vulnerables no mejore. Por ejemplo, se observa un aumento del 22,1% de la escolarización en centros de educación especial en los últimos diez años cuando la tendencia debería ser la contraria por ley a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Todos los datos corroboran que se está produciendo una acumulación del alumnado con dificultades en un tipo de centros muy concreto y esto ataca de frente a la igualdad de oportunidades de los colectivos más vulnerables, al derecho del conjunto del alumnado a educarse en entornos diversos y es incompatible con la perspectiva de la educación inclusiva.

Pero, ¿qué es una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos?

La ley 6/1986

El camino hacia la equidad es muy complejo y requiere de enormes cambios sociales y educativos en amplísimos ámbitos como son la cultura escolar, la política educativa y la propia práctica de aula. Pero este reto es inaplazable porque estamos hablando de derechos humanos y porque los niños y niñas no pueden esperar más. Para ponerse en marcha, los colectivos sociales que impulsan la ILA decidieron crear a través de la colaboración vecinal el mayor movimiento de apoyo ciudadano a la inclusión y una herramienta legislativa concreta capaz de introducir ajustes reales en el sistema educativo.

Una ILA es una herramienta que los entes locales pueden utilizar para elevar a la Asamblea de Madrid una propuesta de ley. La condición es que sean tres Ayuntamientos con más de 50.000 electores en su conjunto los que la impulsen. Ante esta posibilidad, los colectivos vecinales se pusieron a trabajar para presentar a sus respectivos ayuntamientos una propuesta solvente que pudiese ser debatida en primer término en los plenos municipales y finalmente en la Asamblea de Madrid.  Con este procedimiento se ha conseguido que treinta y cinco ayuntamientos hayan aprobado y estén ejerciendo la ILA con la previsión de llevarla a sede parlamentaria el próximo otoño.

¿Cuáles son las principales medidas de la ILA?

Cambio de paradigma, planificación, recursos y formación

El texto de la ILA se ha elaborado de forma colaborativa por las distintas organizaciones ciudadanas que representan a la comunidad educativa y ha sido revisado por una decena de personas expertas de diferentes universidades de España.

Obviamente, las medidas que propone este texto siempre se encuadran en el paradigma de la educación inclusiva y se organizan en torno a tres grandes ámbitos: la planificación escolar, los recursos para la inclusión y la elaboración de planes de educación inclusiva en todos los centros.

La ILA propone que la planificación de la red de centros escolares favorezca la equidad protegiendo a los centros más inclusivos del cierre de aulas y fomentando de este modo la proliferación de culturas inclusivas en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Asimismo se propone un aumento ponderado de los recursos destinados mejorar la atención a la diversidad en todos los perfiles profesionales. Por otra parte, la ILA desarrolla un capítulo específico en el que se proponen planes de educación inclusiva para todos los centros sostenidos con fondos públicos y la necesaria formación del profesorado coherente con estos planes.

¿Qué camino nos queda por recorrer?

Llegando a la Asamblea con cinco millones de voces

Aunque ya se ha recorrido un buen trecho, todavía falta que los representantes políticos culminen la tarea. En los más de treinta ayuntamientos donde se han aprobado las mociones por la escolarización inclusiva se ha obtenido un apoyo políticamente plural y actualmente es una comisión de concejales de distintos municipios y partidos políticos la que está coordinando la presentación de la documentación necesaria. El conjunto de estos ayuntamientos representa a más de cinco millones de personas.

Sabemos que el proceso que queda por delante en la Asamblea de Madrid es complejo y que si en el mejor de los casos la ILA llega a tramitarse, será sometida a un lógico debate y a las consecuentes enmiendas. Pero como venimos diciendo, lo que tenemos sobre la mesa es un derecho fundamental y su cumplimiento es inaplazable. Por tanto, los grupos políticos de nuestra Comunidad Autónoma tienen la responsabilidad de escuchar a la comunidad educativa y ponerse manos a la obra para que se garantice el derecho a la educación inclusiva de calidad para todos los niños y niñas.

Para saber más:

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[1]http://ilpescolarizacioninclusiva.blogspot.com.es/

@ILPeinclusiva